Hoy en día parece casi indiscutible la idea de que la democracia republicana sea el mejor límite al poder político. Abogando por una supuesta representación de la ciudadanía, tanto liberales como socialdemócratas defienden el paradigma de que la división de poderes, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, es la forma de defender los derechos de los ciudadanos. En ensayos de filosofía política siempre se ve muy atractivo tal sistema, el problema es que en la práctica los únicos resultados que ha traído son:
Mayor acumulación de decisiones y poder en un Estado central, lo cual lleva a una gran perdida de libertades individuales.
El populismo como el modo de operar político, resultado de la desinformación inevitable del público en cada elección a gran escala.
La casi nula representación ciudadana.
Derechos de propiedad violados de forma creciente.
Impuestos y endeudamiento en niveles récord.
Monopolización estatal del dinero, manipulando políticamente la cantidad y el tipo de interés.
Ciclos de burbujas y crisis recurrentes.
Militarismo intervencionista que excede totalmente el rol de defensa por el cual cada sociedad debe tener un ejercito protector ante agresiones externas.
La dictadura de las mayorías y, por consiguiente, la creciente renuncia a la defensa de los derechos individuales en nombre del colectivismo impuesto por un sistema de privilegios y mandatos legales.
El problema ha sido poner como valor supremo institucional a la democracia republicana, condenando tanto a las monarquías, las aristocracias o hasta la posibilidad de un sistema sin gobierno, pero sin haber prestado atención a la acumulación central de poder. Se pueden haber escrito constituciones proclamando la importancia de la defensa de la propiedad privada y la libertad de los ciudadanos, pero, al fin y al cabo, siempre la ley positiva politizada termina vulnerando, casi sin limites, tales derechos de propiedad. Países como Argentina y EEUU son un gran ejemplo de tal fracaso institucional, donde en la actualidad solo una pequeña minoría de ciudadanos realmente reclama por el respeto a sus respectivas cartas magnas fundacionales.
La cuestión radica en que los defensores de las democracias republicanas nunca se preguntan en qué MAGNITUD esta siendo aplicado tal sistema y que libertad tienen los distintos grupos de ciudadanos para elegir si quieren o no pertenecer a tales reglas de juego. Hago énfasis en el concepto “magnitud” ya que este es el factor determinante del fracaso de estos sistemas institucionales. O sea, tenemos gobiernos centrales de magnitudes incontrolables para el ciudadano común, que abarcan a decenas (o cientos) de millones de personas bajo una corona disfrazada de república representativa. Esta situación lo único que hace es devaluar el poder de cada ciudadano para que sea muy difícil influenciar y limitar políticamente a los representantes. Por el contrario, un sistema institucional que abarca a unos pocos miles de habitantes (sin importar si es una aristocracia, monarquía o democracia republicana) siempre estará limitado y bajo un control mas directo por parte de sus ciudadanos. Vale aclarar también que tal comunidad estaría obligada por incentivos a defender la libertad comercial ya que solo podría adquirir variedad de bienes y servicios mediante el comercio libre con comunidades por fuera de su jurisdicción. Las políticas de redistribución y el saqueamiento fiscal no tendrían lugar en tal sociedad, por el contrario cada individuo trabajaría libremente en pos de adquirir el mayor valor respecto a su esfuerzo y a las ventajas competitivas de los bienes y servicio en los cuales tal comunidad estaría especializada en producir. Los controles de frontera serían determinados por consenso de sus ciudadanos comunitarios (donde habría una tendencia a la libre movilidad con las sociedades libres, y a un control estricto respecto a comunidades menos civilizadas). Por último, la ley y el orden realmente responderían a la defensa de los derechos de propiedad de cada ciudadano.
Es por ello que, ya sea por un tema de incentivos humanos, de lógica económica y de ejemplos de sociedades actuales, puedo afirmar, sin temor a equivocarme, que el verdadero limite al poder del Estado no radica en un sistema republicano sino en la descentralización institucional. Fíjense que en tal aspecto no nombro un sistema en particular. Es irrelevante el hecho de que sea una democracia republicana, una aristocracia o una monarquía. Lo importante es que cualquier grupo de individuos pueda tener el poder de desligarse del sistema institucional si lo prefiere, o sea que sea práctico el mecanismo de secesión. Por lo tanto, si un nuevo gobierno decide violar los derechos de minorías, estos perjudicados pueden renunciar a tal sistema coactivo. Cada comunidad o grupo de comunidades que decide independizarse puede adoptar el sistema que prefiera. Y es esta dinámica institucional constante y competitiva la que llevará a la formación espontánea de sistemas institucionales más óptimos. Hoy estamos acostumbrados a una especie de conformismo institucional, donde las reglas y los sistemas están predeterminados y no evolucionan, ya que todos estamos obligados a obedecer tales mecanismos, sin tener la libertad de abrirnos para experimentar nuevas formas de cooperación y organización social.
Prestemos atención al BREXIT y a la gran lección que se nos ha presentado respecto al verdadero límite al poder político. Podríamos sostener que las instituciones de la Unión Europea fueron diseñadas para auto limitarse ya que existen poderes “independientes” (un Ejecutivo, un Parlamento y también tribunales). Pero, lamentablemente, la realidad ha demostrado lo contrario. La concentración burocrática, fiscal y operativa no ha parado de crecer año tras año en este intento de mega Estado transnacional. Es por ello que la independencia del Reino Unido nos da tal gran lección de limite al poder central, de lo importante que son los mecanismo de secesión. Es justamente ahora cuando los burócratas europeos sienten la presión de hacer sus deberes de forma responsable, disminuyendo su poder coactivo sobre los ciudadanos de cada país miembro, porque saben que en cualquier momento pueden surgir referéndums en otras naciones. Vale tener presente que éste limite al poder central no se manifestó por “la división de poderes” del sistema político europeo (por cierto bastante republicano), sino por un fenómeno de descentralización institucional.
Otros caso interesante para analizar es el éxito Suizo. Sin duda alguna se debe a su alto nivel de descentralización institucional, donde cada cantón (26 en total, teniendo el país solo 8 millones de habitantes) tiene un alto grado de autonomía fiscal, tributaria y administrativa. Y, por consiguiente, el Estado Federal esta muy reducido (realidad totalmente contraria al centralismo de poder que el Estado Nacional ejerce en nuestro país sobre las provincias y ciudadanos, lo mismo con Washington DC en EEUU y la Unión Europea sobre sus países miembros). Otro factor que lleva a que el centralismo de poder no crezca en Suiza es la participación directa de los ciudadanos, ya sea por medio de referéndums, iniciativas legislativas populares o derogación de leyes (juntando 50,000 firmas para llevar el asunto a votación pública). Tales mecanismos existen también a nivel cantonal y municipal.
Pero el mejor ejemplo que fundamenta nuestra tesis es el Principado de Liechtenstein, con una población de casi 40 mil personas y un sistema de monarquía constitucional. Posee una participación ciudadana (mediante referéndums) aun mas directa que en Suiza debido a la reducida magnitud poblacional. El país a su vez esta dividido en once municipios, y cada uno de ellos posee el mecanismo institucional de hacer secesión en cualquier momento (ya sea para formar un país independiente o para unirse a otra nación), factor clave que pone un limite al Príncipe considerando que él tiene muchas facultades institucionales (entre ellas vetar leyes, disolver el Parlamento y destituir miembros del gobierno, mecanismos que juzgaríamos de anti-republicanos bajo nuestra óptica idealista de “división de poderes”). Sin embargo, el pequeño país europeo es el más libre del mundo, con impuestos de los más bajos, un poder político limitado y mínimo, y donde sus ciudadanos gozan de un inigualable respeto por lo derechos de propiedad. Y por cierto, Liechtenstein no es miembro de la Unión Europea.
Para concluir este breve trabajo vale aclarar que, a pesar del fracaso institucional de muchos países que han abrazado el sistema republicano, el hombre ha podido presenciar durante los últimos tres siglos un avance del comercio y de la tecnología como nunca antes se ha visto en la historia de nuestra especie. Este fenómeno no es causa de las instituciones democráticas actuales, sino mas bien gracias a la tradición protectora de los derechos de propiedad plasmada por nuestros padres fundadores en cada constitución. Valores que en un principio fueron respetados y dieron lugar al auge económico imparable del sector privado empresarial. Siendo siempre las fuerzas de las libertades individuales las que forjaron tal impresionante aumento en la calidad de vida del ser humano. Pero las mismas hoy están muy lejos de ser respetadas, y es ese avasallamiento institucional (gradual y creciente) lo que ha demostrado que tal sistema no cumple su principal cometido: limitar el poder político y proteger ante todo los derechos de propiedad de cada ciudadano.